RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN ACCIDENTES LABORALES EN CENTRO DE TRABAJO AJENO AL DE LA EMPRESA PRINCIPAL.

La preocupación respecto a posibles responsabilidades que pueden derivarse de accidentes laborales es continua y constante y la casuística amplia.

Una de las hipótesis que se plantea es el de accidentes ocurridos fuera de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, realizándose esta actividad en centro de trabajo ajeno donde el control empresarial sobre los riesgos y las posibles medidas mitigadoras está bastante diluido y es más difícil de controlar.

Son centros de trabajos,  titulares de terceros pero que tiene desplazado personal y además,   subcontratas a otras empresas que colaboran  en esos centros  en la ejecución de los contratos de prestación de servicio suscritos.

Tratamos de clarificar hasta donde llega la responsabilidad de la empresa principal,  Dirección  y empleados  en caso de accidente de trabajo en estos servicios ex  situ (incluyendo tanto a trabajadores internos como externos), así como qué medidas / mecanismos para una más eficaz defensa ante posibles responsabilidades, incluso penales, derivadas de un accidente laboral.

Para simplificar dentro de lo posible las responsabilidades que se derivan de un accidente laboral, partimos de una idea básica, todo accidente laboral sea en el centro de trabajo propio o de un tercero,  conlleva responsabilidades para la empresa y para aquellas personas con responsabilidades en la materia según el ámbito al que pertenezcan y en función de sus responsabilidades.

Decimos que es equiparable y diríamos que “indiferente” donde ocurra el accidente laboral siendo lo trascedente que se cumplan todas las premisas necesarias de prevención de riesgos laborales para eludir esas responsabilidades.

Por tanto, la premisa clave es que por parte de la empresa como entidad y sus responsables se hayan cumplido las medidas legales necesarias para prevenir un accidente tal y como expresamente establece el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  31/1995:

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Por tanto, del incumplimiento de este articulo 14 de la LPL y normas concordantes se pueden derivar, (i) responsabilidades penales; (ii) patrimoniales; (iii) administrativas, tanto para la empresa, sus responsables como para los trabajadores que hayan incumplidos.

La conclusión es clara en el sentido de que el accidente laboral repercute sea donde sea el accidente.

Por tanto, hay que cumplir escrupulosamente las obligaciones en materia de prevención, sea en el centro que sea.

La diferencia está en que en nuestro centro de trabajo existe un protocolo de actuación dirigido y tutelado por Prevención de Riesgos Laborales y en el caso de subcontrata, referido a las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades económicas para cumplir también las obligaciones que establece el Artículo 24 Ley de PRL.

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Por tanto, hay que aplicar la coordinación de actividades empresariales y será el titular del centro el que deba exigir  la normativa de prevención de riesgos a los efectos del apartado 2 de este artículo.

Esta materia está regulada, además, del artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en el RD 171/2004 y las NT 918/2011 y NT919/2011. En estas,  se recogen las distintas obligaciones y responsabilidades solidarias, de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en la realización de su trabajo, en el lugar en que los presten.

Cuando concurren las actividades y riesgos de más de  una empresa que prestan servicios, la potestad de dirección de éstas y sus correlativas obligaciones en materia preventiva y  las del titular del centro de trabajo en el que la primera realiza el servicio, se deben articular las medidas y los medios necesarios para que los trabajos se desarrollen con las debidas garantías para los trabajadores, tanto de una entidad, como de la otra. Esto obliga a coordinar las actividades preventivas de ambas.

Muy resumidamente, las obligaciones de ambas empresas son:

De información recíproca, tanto previa al inicio de las actividades, como durante el desarrollo de las mismas, de los riesgos de las actividades a desarrollar y de los del centro de trabajo en el que se van a desarrollar, de las exigencias de capacitación, de las medidas preventivas y de protección necesarias, así como de los riesgos por la posible concurrencia de actividades y de personas de ambas entidades.

De instrucción sobre medidas y medios, que debe dar el titular del centro a la empresa que presta el servicio.

De cooperación y coordinación para que se desarrollen los trabajos sin riesgo. Podría ser necesario el nombramiento de uno o más coordinadores de actividades empresariales (tienen regulación específica las actividades en concurrencia reguladas en el RD 1627/97 de obras de construcción)

De vigilancia para que se cumplan las distintas obligaciones en seguridad y salud, con carácter previo (sistemas CAE) y durante la realización de los trabajos, pudiendo requerir la presencia de recurso preventivo, etc.  

Aunque las obligaciones se establecen entre empresas, la información, instrucciones y medidas que se articulen por la concurrencia, deben bajar hasta los trabajadores afectados, integrándose en la evaluación de los riesgos de sus actividades, en las medidas preventivas, incluyendo la información y formación, las medidas de protección necesarias, etc.

Como ultima consideración sin perjuicio de profundizar en otros aspectos que fueran necesario, es que se debe de exigir al titular del centro de trabajo ajeno a la empresa, – en puridad, son ellos los que deberían exigirlo, –  la aplicación de las obligaciones que se deriven de la prevención de riesgos laborales, y evidentemente, debe ser controlado y coordinado por el SP y CAE de la empresa titular del centro de trabajo y de las empresas que van a realizar cualquier actividad laboral en él.

La responsabilidad  será, inicialmente,  del empresario titular del centro de trabajo pero puede repercutir de manera directa o subsidiaria a terceros intervinientes dependiendo de las circunstancias del accidente y de la concreción del incumplimiento que se haya producido y que dé lugar al accidente.

Por último, concretar que si bien la responsabilidad patrimonial suele ser cubierta por las empresas y suelen contar con póliza de responsabilidad civil, igualmente, el recargo y el acta de infracción son de las empresas, la responsabilidad penal puede ser de las empresas incumplidoras y también de aquellos trabajadores sobre los que se determine un incumplimiento de la normativa laboral.

                                            Sevilla,  10 de junio 2022

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