Breve referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2021, de 12 de Julio 2021 sobre impugnación individual de Expediente de Regulación de Empleo.

El mes de julio pasado se dictó una Sentencia del Tribunal Constitucional que a algunos profesionales nos dejó sorprendidos más que nada por la extraordinaria transcendencia e incidencia que podría tener en el devenir de las relaciones laborales en general y en el área de las negociaciones de Procedimiento de Despido de carácter colectivo en particular.

Se trata de la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2021, de 12 de julio de 2021 que anula la del Tribunal Supremo nº 699/2018, de 2 de julio, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrinas nº 2250/2016.

La Sentencia avala  la revisión de las causas de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aunque haya acuerdo entre empresas y representación legitima de los trabajadores, tal y como marca el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Hasta ahora, el criterio que se había seguido es la imposibilidad de impugnar individualmente cuando se cerraba un ERE mediante acuerdo entre las partes legitimadas para negociar, permitiéndose esta impugnación individual solo en caso de que el ERE terminara sin acuerdo.

El Tribunal Constitucional avala la posibilidad de impugnación individual aun con acuerdo en base al artículo 24.1 de la Constitución Española, sobre el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

La Sentencia considera que impedir a los trabajadores cuestionar las causas del despido colectivo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva aun cuando el proceso haya terminado con acuerdo entre empresa y representación de los trabajadores.

Establece que en el caso de que la representación de los trabajadores no impugne la decisión empresarial a través de un procedimiento colectivo, el órgano judicial competente debe resolver sobre el fondo del asunto, si existen o no las causas invocadas para justificar el despido.

Se permite, pues, esta impugnación individual frente a un acuerdo colectivo solo en caso de expedientes de regulación de empleo y lo descarta para casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o “descuelgue” de convenios colectivos por parte de las empresas, arguyendo que, en estos otros casos, se ha suponer que la medida está justificada.

Evidentemente, en el caso concreto que analizamos, se  aboga por la tutela judicial efectiva de los trabajadores pero este principio choca con la legitimidad de las partes para cerrar acuerdos colectivos en la esfera de los despidos lo cual puede provocar inseguridad jurídica a la hora de cerrar dichos acuerdos que pueden ser impugnados por cualquiera de los afectados como acción individual.

Nuevamente se abre la puerta a una completa y extensa judicialización de los procesos de despido colectivo, que conllevan también incertidumbre e inquietud, un solo ERE puede generar multitud de procedimientos con resoluciones contradictorias por lo que habrá que buscar fórmulas jurídicas que permitan la viabilidad de los acuerdos colectivos que se alcancen sin el temor a la perdida de validez y eficacia de los mismos.

Artillo Abogados

Sevilla, 8 de octubre de 2021.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s