EL OBLIGADO SIGILO PROFESIONAL DE LOS COMITÉS DE EMPRESAS, DELEGADOS DE PERSONAL Y DELEGADOS SINDICALES

Breve reflexión sobre esta obligación que pasa desapercibida y que está expresamente regulada en la normativa laboral e ilustrada en varias sentencias.

Nos referimos a la obligación de los entes de representación sindical de preservar el sigilo profesional referido a los datos e información que la empresa facilita en las reuniones con el CE en cumplimiento de la preceptiva información que la empresa tiene que facilitar en el marco legal del articulo 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores y otras normas acordes en materia de Prevención, por ejemplo.

La Doctrina Jurisprudencial ha equiparado el debe de sigilo profesional al deber de secreto, pero también se ha puesto en contraposición, como limite del sigilo profesional, a derechos fundamentales tales como libertad sindical, libertad de expresión, tutela judicial efectiva.

El deber de confidencialidad de los representantes de los trabajadores, incluso de sus expertos, artículo 6.2 de la Directiva 2002/14, pensada para no facilitar información y no realizar consultas cuando tales medidas pudieran, según criterios objetivos, crear serios obstáculos al funcionamiento de la empresa o perjudicarla, exigían en su plasmación de nuestra normativa común que esa información facilitada con carácter reservado fuese en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, con algunas excepciones.

La doctrina constitucional se fijó en  sentencia 213/2002 de 11 de noviembre que desarrolla la protección del derecho de los representantes de los trabajadores a poder difundir información sin restricciones injustificadas por parte de la empresarial que recuerda que ese derecho y deber de información de los representantes de los trabajadores no resulta ilimitado y que se encuentra condicionado por la imposición legal de un deber de sigilo profesional (10.3.1 de la LOLS (RCL 1985, 1980) , en relación al artículo 10.2 de la Ley 9/1987 (RCL 1987, 1450) ), donde se impone a dichos representantes de los trabajadores la obligación de no difundir determinadas informaciones que les proporciona la empresa en cumplimiento de esa obligación legal de información sobre las materias de competencia de la función de representación de aquellos.

Por ello es bien cierto que el Tribunal Constitucional nos recuerda la importancia de estudiar el específico contexto de los hechos que son objeto de enjuiciamiento, el ámbito de función o condiciones inherentes representativas,  y recuerda que las obligaciones dimanantes de la relación laboral, sobre todo la buena fe y el deber de sigilo profesional del representante sindical, modulan esos derechos fundamentales, en mención de su estricta imprescindibilidad y con proporción a convertir o modificar una información reservada y atribuirle un deber de sigilo profesional, atendido como deber de discreción al uso diligente de la información recibida por los representantes de los trabajadores que establece in fine en una plasmación apodíptica que recoge » en todo caso , ningún documento entregado por la empresa al Comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella y para fines distintos de los que motivaron su entrega».

Por último, el Criterio Técnico 43/2005 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 27 de diciembre de 2005 y  el derecho de los delegados de prevención al acceso a la documentación preventiva, que interpreta el artículo 36.2 b) de la Ley 31/95, recogiendo supuestos de información sujeta a limitaciones reseñadas, garantizando el respeto de la confidencialidad. Así se manifiesta que tan solo excepcionalmente se puede compartir que determinados datos de la documentación entregada a los delegados de prevención sean omitidos bien por no tener transcendencia alguna en la implantación y desarrollo en las actividades preventivas, o bien por entrar en colisión con derechos fundamentales y libertades públicas de terceros (vigilancia de la salud, secreto comercial, seguridad de personas e instalaciones, seguridad patrimonial).

STC (Sala Primera) 213/2002 de 11 noviembre

STSJ de País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) 451/2021 de 9 marzo

STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª) 85/2021 de 29 enero

                                                           Sevilla, 3 febrero 2023

Algoritmos: El futuro da miedo.

Recapitulando conceptos, ideas, propuestas de los últimos meses que afectan al Mercado laboral y posibles reformas legislativas, teníamos pendiente de sacar a la luz la noticia de la pretensión del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la aplicación a la negociación entre empresas y trabajadores en base a  algoritmos, entendido como mecanismo informático que permite realizar previsión y adoptar decisiones en el ámbito laboral tomando como base datos objetivos, es decir,  conjunto de fórmulas matemáticas que ayudan a establecer predicciones en el ámbito del trabajo con base en datos objetivos. Tienen diversas funciones u objetivos, tales como asignar turnos, organizar el trabajo que se va a realizar, o incluso influir en los procesos de selección de personal.

Ello obligaría a las partes a facilitan datos y ponerse de acuerdo sobre los parámetros que debe de componer esta fórmula algorítmica.

Evidentemente ya hay empresas que trabajan sobre estas bases para selección de personal, ajustes de plantilla, por ejemplo.

El tema no es baladí y el Ministerio se lo ha tomado en serio, hasta el punto de tener constituido un Comité de Experto sobre algoritmos en el ámbito laboral, planteando la necesidad de modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de negociación colectiva afín de negociar los parámetros a incluir en el algoritmo de aplicación.

El Comité de Experto considera que el uso de los algoritmos deben ser parte de la negociación colectiva, en la medida que su aplicación puede afectar a las principales condiciones de trabajo, como el salario, la jornada laboral o la promoción profesional MITES_Info_algortca_laboral_arte_final.pdf (lamoncloa.gob.es)

Relacionado con la materia, extracto la presentación de la Ponencia de Ignacio Beltrán, Algoritmos, psicometría y derechos del yo inconsciente de la persona (o ‘neuroderechos’) en el ámbito socio-laboral «., por su interés y por el desconocimiento que la mayoría tenemos en esta materia que bien resume un expectante e inquietante temor al futuro:

«El avance tecnológico está acelerándose de tal modo que está alcanzado cotas quiméricas. Entre otras innovaciones, la senda hacia la decodificación de los procesos mentales más profundos del ser humano parece que es un objetivo, en cierta medida, al alcance. Aunque todavía estamos lejos de observar lo que está detrás del “velo de la evolución”, el uso de big data y la estadística computacional están abriendo las puertas hacia estratos de nuestro cerebro hace unas décadas inimaginables.

Aunque debe advertirse que los escenarios transhumanistas de uso generalizado de lo que se conoce como “interfaces cerebro-ordenador” (“Brain-Computer Interfaces” – BCI) todavía quedan muy lejos. No obstante, por si no los conocen, deben saber que estos instrumentos (quizás, de forma todavía rudimentarias) ya permiten la comunicación directa y bidireccional entre el cerebro y un dispositivo y también tenemos a nuestro alcance objetos portátiles (“wearables”), de todo tipo, con capacidad para leer la actividad del sistema nervioso periférico al tocar la cabeza o el cuerpo de una persona. Aunque el uso de estos dispositivos es, hoy por hoy, testimonial (y, principalmente, terapéutico), el impulso de la ciencia y la industria es de tal entidad que se espera una expansión sin precedentes (en este sentido, lo que se conoce como “metaverso” o realidad virtual inmersiva podría ser una de estas manifestaciones privilegiadas). Pero al margen de este proceso (o en paralelo), lo cierto es que la estructura computacional ubicua y la recopilación y tratamiento de lo que se conoce como “excedente conductual” (incluidas las “migajas digitales”) ya permite el acceso a las intenciones, emociones y decisiones de las personas. Este fenómeno, que tampoco se ha desplegado en toda su potencialidad, muestra signos amenazantes, en tanto que atesora capacidad suficiente para aguijonear en el yo inconsciente de las personas e, incluso, perfilar su comportamiento.

Unamos a ello la intencionalidad en estudio del Consejo General del Poder Judicial de aplicar en España la denominada justicia predictiva, es decir, tecnologías consistente en algoritmos capaces de recoger toda la Jurisprudencia sobre un asunto y estimar las probabilidades de que los procedimientos judiciales se resuelvan en un sentido u otro, con un grado de eficacia que ronda el 85% de los casos según experiencias de países europeos y  en EE.UU. a la hora de perfilar y cuantificar en sus resultados a los jueces y a los abogados, con las ventajas e inconvenientes que el sistema puede conllevar.

Sinceramente, este futuro causa cierto temor, aunque quizás debamos quedarnos con las ventajas de los nuevos sistemas.

Fuente de esta nota: LEFRBVRE.18 junio 2022.

                                                                          Sevilla, 27 enero 2023

REAL DECRETO 1.060/ 2022, DE 27 DE DICIEMBRE, SOBRE TRAMITACIÓN BAJAS, CONFIRMACIÓN Y PARTES DE ALTAS MÉDICAS INCAPACIDAD TEMPORAL.

Acompañamos a esta primera Circular del año 2023, el enlace referido al Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco de su duración.

  1. El Real Decreto entra en vigor 1 de abril de 2023.
  • Los partes médicos de baja, confirmación y altas solo se entregará por los facultativos, una copia a la persona trabajadora.
  • Se suprime la segunda copia y la obligación del trabajador de entregar copia a la empresa, entidad gestora o mutua.
  • El Servicio Público de Salud, Mutua o empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.
  • El INSS comunicará a las empresas los datos identificativos de partes de baja, confirmación y alta como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción.
  • Las empresas tienen la obligación de transmitir al INSS mediante el sistema RED en un plazo máximo de tres días hábiles desde la recepción de la baja médica, los datos que se determinen mediante Orden ministerial no aprobada ni publicada aún.
  • El incumplimiento de esta obligación puede constituir infracción leve en materia de seguridad social según la LISOS.
  • Los facultativos del Servicio Público de Salud, de la empresa colaboradora o de la Mutua, podrán fijar plazos de revisión médica inferiores a los señalados en el Real Decreto 625/2014, en función de la evolución del proceso.

Pendiente de desarrollo normativo, el RD puede ser una fuente de conflictos y de judicialización de casos particulares.

En cualquier caso, el trabajador siempre tendrá la obligación de justificar su ausencia en la empresa. Ya veremos.

                                                           Sevilla, 20 de enero 2023.

El valor del autónomo

El BOE número 179 de 27 de julio de 2022, publica el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomo y se mejora la protección por cese de actividad

Suponemos que habría que discutir y discernir sobre las ventajas e inconvenientes del nuevo sistema, pero sea como fuere, este Real Decreto-ley está aprobado y su vigencia se inicia el 1 de enero 2023, en un despliegue progresivo hasta un máximo de nueve años.            

 Se presume que los 294 euros actuales de cuota fija minina pasará a un sistema progresivo de 13 tamos en función de los ingresos, que se implantará a lo largo de 9 años, por lo que en 2031 la cuota de autónomos podría variar entre 184 y 1.267 €.

Razones varias de sostenibilidad del sistema, grado de suficiencia, principios de contributividad y solidaridad, aplicación del Pacto de Toledo y otras motivaciones han llevado a la actual Reforma.

Uno de los objetivos básico que la Reforma pretende alcanzar es que las bases de cotización se atuvieran a los rendimientos efectivamente obtenidos por las personas trabajadoras, ya fuera por cuenta ajena o propia e instaba a los poderes públicos a adecuar, en el marco del dialogo social, la cotización del régimen Especial de los Trabajadores Autónomos vinculando la cuantía de las cuotas a los ingresos reales y con este fin seguir mejorando los instrumentos de verificación de esos rendimientos para evitar supuesto de elusión de cotizaciones.

La Reforma se articula a través de la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:

  • Modificación del artículo del 71.1. a) y o) LGSS, referente a la obligación de obtención de datos fiscales y tributarios por parte de los organismos competente y a afín de la automatización de información necesaria para la regularización de bases de cotización y cuotas.
  • Modificación artículo 179 de la LGSS referente a la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistente en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora correspondiente.
  • Modificación del artículo 308 de la LGSS, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma incluidas en este régimen especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 305, cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales, en los párrafos a), b) y c) de este apartado.

A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por los referidos trabajadores durante cada año natural, por sus distintas actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas de ellas no determine su inclusión en el sistema de la seguridad social y con independencia de que las realicen a título individual como socios integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajadores por cuenta ajena o asimilados a éstos.

Se establecerá anualmente, via Ley de Presupuestos Generales del Estado una tabla general y una tabla reducidas de bases de cotización para este régimen especial. Ambas tablas se dividirán en tramos consecutivos de importe de rendimientos netos mensuales. A cada uno de dichos tramos de rendimientos netos se asignará una base de cotización mínima mensual y una base de cotización máxima mensual.

Se fijan las reglas para determinar las bases de cotización a aplicar durante cada año natural y las reglas de ajuste anual a las previsiones que vayan teniendo de sus rendimientos.

El establecimiento del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia pretende la mejora de la protección por cese de actividad, la aprobación de una cuota reducida por inicio de actividad que sustituye al actual sistema de tarifa plana el primer año de alta, la implementación de nuevos tramos de cotización que se aplicará en función de rendimientos, todo ellos de aplicación gradual a partir del 1 de enero 2023, como se observa en la tabla adjunta.

Sevilla, 17 de diciembre de 2022.