Requisitos y características de los delegados sindicales

El derecho a la libertad sindical se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 7 y 28 de la Constitución Española. La ubicación en la Carta Magna de estos artículos es de vital relevancia, y en especial la del segundo, que se encuadra en la Sección 1ª (De los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas), Capítulo II, Título I. Esto, además de dotar a la libertad sindical de la naturaleza de Derecho Fundamental, le otorga una especial tutela judicial, bajo los principios de preferencia y sumariedad, y a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional cuando corresponda (artículo 53 CE). Su contenido se desarrolla en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Una de las manifestaciones de este derecho es la figura del Delegado Sindical.

El Delegado Sindical actúa como representante de la sección sindical en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores. Ahora bien, se requiere:

  • Que el sindicato tenga presencia en el comité de empresa o los órganos de representación de las Administraciones Públicas
  • Que sea elegido por y entre los afiliados al sindicato en la empresa o centro de trabajo.

Los delegados sindicales no forman parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical, son un instrumento adicional de acción, siendo su número variable, de acuerdo con el art. 10.2 LOLS:

  • Sindicatos que no hayan alcanzado el 10 por 100 de los votos en la elección del Comité de Empresa: La sección sindical podrá elegir un delgado.
  • Aquellos sindicatos que SÍ hayan alcanzado el 10 por 100, podrán elegir un número de delegados sindicales que dependerá del número de trabajadores de la empresa o centro de trabajo:

Plantilla de 250 a 750 trabajadores: 1 delegado sindical.

Plantilla de 751 a 2000 trabajadores: 2 delegados sindicales.

Plantilla de 2001 a 5000 trabajadores: 3 delegados sindicales.

Plantilla con 5001 o más trabajadores: 4 delegados sindicales.

No obstante, el número de delegados sindicales podrá ser ampliado por pacto colectivo o acuerdo (ex art. 10.2 LOLS).

Los delegados sindicales disfrutarán de las mismas garantías que los miembros del Comité de Empresa, no siendo para ello necesario que sean de forma simultánea miembros de este. Tendrán además los siguientes derechos:

  • Asistir (sin voto) a las reuniones del Comité de Empresa y Comité de Seguridad y Salud.
  • Acceso a la información que la empresa ponga a disposición del Comité de Empresa.
  • Ser oídos por el empresario antes de adoptar éste medidas de carácter colectivo que afecten a los afiliados al sindicato e incluso a los restantes trabajadores, así como sanciones (también el despido) que afecten a los afiliados.
  • Permisos retribuidos para la negociación de convenios colectivos ex art. 9.2 de la LOLS.
  • En caso de despido disciplinario, derecho a la apertura de expediente contradictorio, en el que debe darse audiencia tanto al delegado sindical como a los restantes miembros de la representación, si los hubiere (artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores). Este derecho se encuentra reforzado por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social artículo 106, en la que se exige a la empresa, aportar el expediente contradictorio en caso de ser demandada por despido disciplinario
  • Por último, con carácter previo a la imposición de sanciones a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, ha de darse audiencia a los restantes miembros de la representación, ya que, de lo contrario, las sanciones pueden declararse nulas (artículo 115 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Artillo Abogados

Sevilla, 18 junio 2021.

REGISTRO RETRIBUTIVO.

El 14 de abril de 2021 entró en vigor la obligación de registro retributivo para todas las empresas.

Han transcurrido un par de meses y desde Artillo Abogados  estamos pendiente del correcto cumplimiento de esta obligación legal  a mayor seguridad jurídica y eludir las consecuencias de su incumplimiento.

La lucha por una igualdad real entre hombre y mujeres no escapa a día de hoy a ningún ámbito, y por supuesto tampoco en el mundo laboral.

Ya en 2007 se estableció, en la Ley Orgánica de para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el uso de Planes de Igualdad en las empresas como medida canalizadora de esa lucha dentro de las empresas.

Esta regulación primigenia ha venido a ser completada mediante la implantación del Registro Salarial, herramienta de diagnóstico para los Planes de Igualdad con el que controlar las retribuciones de los empleados,  diferenciando la información a razón de género, categorías y grupos profesionales, etc.

Para la  implantación  de los Planes de Igualdad, se ha establecido una escala de tres años, atendiendo al tamaño de cada empresa, empezado por las grandes corporaciones hasta llegar a ser exigible hasta al autónomo que tenga un solo empleado.

Los registros salariales deberán contener todos los aspectos con transcendencia retributiva de cualquier tipo, desde el propio salario, pasando por los complementos por desplazamiento, antigüedad y demás, debiendo incluir incluso los pagos en especie o reducciones de jornada.

Estas medidas es  una vía más  lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral si bien consideramos que por sí misma no  soluciona la problemática de una manera súbita, siendo necesario un cambio de mentalidad social.

Artillo Abogados

Sevilla, 11 de junio 2021.

Aprobada la denominada «Ley Rider»

El pasado 12 de mayo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una reforma muy concreta del Estatuto de los Trabajadores a la que se le ha otorgado el sobrenombre de la “Ley Rider”.

El objetivo que persigue es de dotar de marco normativo a aquellas relaciones entre las nuevas plataformas de servicios a domicilio y aquellos que llevan a cabo el reparto.

Mediante el Real Decreto que aprueba esta incisiva reforma se ha añadido una nueva Disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores, la vigesimotercera, que establece la presunción de la laboralidad de las relaciones que estos “riders” tienen con las plataformas, lo cual convierte en trabajadores estatutarios a “las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

La clave de esta reforma descansa en la gestión algorítmica (…) a través de una plataforma digital, sistema empleado por las ya más que conocidas aplicaciones Glovo, Deliveroo o Uber Eats, entre otras, por el que se asignan los distintos encargos a los repartidores de una forma automatizada. Esto supone la inclusión de miles y miles de personas que hoy día ejercen esta actividad como autónomos, pasando a ser considerados trabajadores por cuenta ajena.

Para una mejor fiscalización,  la reforma dota a las representantes de los trabajadores de herramientas que les permita ejercer la defensa de estos empleados, por lo que entre los derechos reconocidos en el artículo 64 del ET se añade el de ser informados sobre el sistema utilizado por la empresa para la organización de la carga de trabajo de los repartidores.

Sin duda, esta aparente simple reforma trae consigo las grandes consecuencias que apareja la inclusión de estos miles de trabajadores bajo el paraguas de la normativa estatutaria como, por ejemplo, el aumento en costes por cotización de todos los repartidores autónomos que se integran en la estructura organizativa de estas plataformas.

Parece que la Ley aprobada y que dimana del pronunciamiento del Tribunal Supremo que ratificó que los “riders” son falsos autónomos, no satisface a nadie.

Días pasados más de 4.000 “riders” se manifestaron ante el Congreso bajo la premisa de considerarse trabajador autónomo mientras otra parte del colectivo considera insuficiente la Ley.

Artillo Abogados

Sevilla, 4 de junio de 2021.

REAL DECRETO – LEY 11/2021, de 27 de mayo sobre medidas urgentes para defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Desde el 14 de marzo de 2020 que se declaró el Estado de Alarma y nos vimos inmerso en una situación de Pandemia, la actividad económica a nivel mundial y de nuestro país en consecuencia, ha obligado a adoptar medidas extraordinarias que se han visto reflejadas, en el  área empresarial, en la adopción de sucesivas medidas encaminadas a preservar el Empleo y la pervivencia de las empresas.

Hemos venido informando de todos y cada uno de estos reales decretos referente a la defensa del empleo, el último de los cuales ha sido aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 28 de mayo de 2021.

La  causa sigue siendo la misma,  la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria…

Pese a la finalización del Estado de Alarma el pasado 9 de mayo,  la situación está contenida en la confianza de que en los próximos meses la vacunación masiva de la población, permita normalizar la  sociedad y la recuperación económica y reactivación del mercado laboral.

Por ello, se aprueba este nuevo Real Decreto cuyos aspectos más destacados, afectan a expedientes temporales de regulación de empleo y un paquete de medidas sociales complementarias, dimanante del V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, V ASDE.

Los objetivos de este RD, según se dice en su Exposición de Motivos, son:

  1. Prorrogar la aplicación de cuantas medidas de flexibilidad se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria e y en los términos previstos en el Real Decreto –ley 2/2021 de 26  de enero, incluidas las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones las cotizaciones a la Seguridad Social de la empresas.
  2. Prorrogar las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto – ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
  3. Prorrogar todas las medidas complementarias de protección del empleo que se entiendan precisas para garantizar la necesaria estabilidad, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo, previstas en los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del Covid – 19 y en la disposición adicional sexta del Real Decreto – ley 8/2929, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19 en la redacción dada por el Real Decreto – ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo así como los limites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones.

En resumen, básicamente, se prorrogan las medidas que hasta ahora se han venido aprobando y aplicando, en esta ocasión  hasta el 30 de septiembre de 2021.

                                         Artillo Abogados.

                                   Sevilla, 31 mayo 2021.

EL DEBER DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN

La sociedad está abocada a entenderse con la tecnología, bien por razones de ocio, personales o laborales y el legislador ha aprovechado esa inercia a fin de informatizar todo lo posible su gestión. Para ello reformó el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen Jurídico de la Administración mediante la aprobación de leyes a fin de introducir la informática tanto en su gestión como en sus relaciones con los ciudadanos.

Sin embargo, no fue el legislador el “inventor” de la Administración electrónica ya que fueron las administraciones que mayor cantidad de información barajan las que informatizaron sus gestiones, incluso obligando al Ciudadano a comunicarse con ellos por la vía telemática, administraciones como Administración Tributaria, Administración de Justicia, INSS, TGSS o la Inspección de Trabajo a las que la nueva LPAC no ha hecho más que dar mayor respaldo a su gestión telemática. 

  1. LA “NUEVA” ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

Con la aprobación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común,  39/2015, se iniciaba un cambio radical en la forma de relacionarse con la administración.

Con el fin de la prorrogada vacatio legis recogida en la Disposición Final Séptima, el Gobierno ha aprobado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, BOE del 31 de marzo) para, tal y como recoge su preámbulo, “desarrollar y concretar las previsiones legales con el fin, entre otros aspectos, de facilitar a los agentes involucrados en el uso de medios tecnológicos su utilización efectiva, aclarando y precisando, al mismo tiempo, aquellas materias reguladas en estas leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria

El deber de relacionarse electrónicamente con la Administración impuesto a las personas jurídicas ha causado la aparición de múltiples dudas. Entre otras, ¿qué hacer si la Administración con la que ha de comunicarse electrónicamente no ha establecido aún los medios para ello? Lógicamente, para estas situaciones se seguirá pudiendo acudir a la clásica “ventanilla”, aunque es cierto que estos entes, desde el pasado 2 de abril, están obligados a tener el sistema electrónico operativo, cosa que no sucede, entre otros motivos por el coste económico que ello requiere y que algunas administraciones no han podido adaptar.

Esta instauración de la administración electrónica, calificada por el Magistrado José Ramón Chaves de “a machetazos”, se ha encontrado con el obstáculo de la brecha digital ya que muchos obligados a entenderse con ella no conocen bien su funcionamiento.

  • LOS OBLIGADOS A RELACIONARSE ELECTRONICAMENTE CON LA ADMINISTRACION.

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015 enuncia qué sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente con los entes públicos, que en suma se resume en entidades a las que se les presume suficiente capacidad técnica para ello. En concreto, son las personas jurídicas, profesionales de colegiación obligatoria para el ejercicio de su actividad, aquellos que actúen en representación de un sujeto obligado, y los empleados de la Administración Pública en ejercicio de sus funciones.

También podrán optar por esta vía todos los sujetos que no estén obligados a ello, eso sí, a fin de evitar el uso del método clásico en paralelo al electrónico, aquel que hubiera optado por ello estará obligado a relacionarse así siempre cuando no desista de su opción.

  • LA REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

El artículo 5 permite a los sujetos recogidos en el artículo 14.2 LPAC comparecer electrónicamente ante la administración mediante representante, independientemente de si se actúa en nombre de una persona física o jurídica. Para ello se habrá de acreditar la representación ante la Administración por cualquier medio válido en Derecho, y específicamente en el mundo electrónico administrativo, el artículo 32 prevé las siguientes vías:

  • apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica,
  • acreditación mediante inscripción en el Registro electrónico de apoderamientos de la AP competente (o registro de apoderamientos particular),
  • mediante la actuación con certificado electrónico de representante.

Estos tres métodos no son los únicos pues podrá seguir acreditándose la representación “en ventanilla” acudiendo a los métodos clásicos.

  • LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS. EL USO DEL REGISTRO FÍSICO.

El deber de relacionarse electrónicamente con la Administración incluye todos los trámites.

En previsión a posibles actuaciones “en papel” de los administrados, la propia LPAC así como el Reglamento de actuación, en su artículo 14, establecen el deber de instar a quien actuare físicamente a subsanar la presentación en el plazo de 10 días.

Esto ha generado un debate a la hora de interpretar estas situaciones pues si durante ese plazo concedido para la subsanación venciera el plazo inicial, ¿cómo ha de entenderse presentada la subsanación, extemporánea o en plazo?

Son pocos los que entiende que la presentación telemática sería extemporánea y que por tanto, la norma puede ser susceptible de inconstitucionalidad, mientras que la gran mayoría, entre los que se encuentran el Catedrático de la Universidad Complutense Ramón Falcón y Tella, afirma que ese plazo se concede expresamente para subsanar la deficiencia en el método de presentación, y que, por tanto ha de entenderse presentada en plazo. Es decir, que dicho plazo ha de considerarse como una “prórroga” (por el periodo que exceda del plazo inicial) para subsanarla presentación.

  • LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.

El deber de comunicarse telemáticamente no opera únicamente en sentido único, sino que es obligación de la Administración comunicarse y relacionarse telemáticamente con aquellos que estuvieran obligado a hacerlo de este modo.

Este deber de la Administración se recoge en el artículo 41 del Reglamento a la hora de notificar ciertos aspectos del procedimiento, y que serán ampliables (y normalmente se amplía) a iniciativa de la Administración actuante.

El problema que la notificación electrónica genera sucede cuando el ciudadano no accede a la sede electrónica, no abriendo la notificación telemática. En estos supuestos se da por practicada la notificación con el transcurso de 10 días hábiles desde su puesta a disposición en dicha Sede, lo cual puede generar cierta polémica puesto que la Administración no habría agotado todos los medios de notificación disponibles, incluido la notificación en papel. Para tratar de evitar estas situaciones, la propia Ley establece que se permita establecer un teléfono y una dirección de correo electrónico para avisar al interesado de la puesta a disposición de la notificación en sede electrónica.

Hoy en día, bien por no estar suficientemente preparada la Administración o bien por disparidad de criterios entre el funcionariado a la hora de actuar, son muchos los expedientes administrativos en los que la propia Administración actúa a la vieja usanza, notificando en papel a sujetos obligados a comunicarse telemáticamente, lo que genera confusión.

A la hora de responder a la notificación en el registro físico,  se está produciendo negativa del funcionario puesto que según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, estaría obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Es evidente que la implantación a marchas forzadas provoca inseguridad jurídica que urge aclaraciones por parte de la Administración y ante la duda y confusión, son muchos los casos en los que los ciudadanos actúan ante el Registro físico y Sede electrónica simultáneamente,  haciéndolo por duplicado para curarse en salud.

  • REALIDAD DE LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS.

A efectos prácticos,  hemos constatado el correcto funcionamiento de la plataforma electrónica de la Administración General del Estado, PAGe (Punto de Acceso General electrónico), el cual permite interactuar telemáticamente ante administraciones locales, autonómicas o estatales.

Otras administraciones tienen ya  establecidas sus propias Sedes Electrónicas para trámites específicos.

Es un camino que hemos empezado a recorrer y en el que tendremos que ir aprendiendo con paciencia y precaución.

Artillo Abogados Sevilla, 20 de mayo de 2021.